Juzguemos al mar:.

Resulta por lo menos curioso el funcionamiento del modelo burocrático cuando la distancia desde la cima de esa pirámide a su base, se hace tan extrema como en el momento que vivimos actualmente. No se trata de la cantidad de peldaños intermedios, si no más bien, de la diferencia de capacidad a la hora de tomar decisiones entre los integrantes de la base y los de la cima, máxime, cuando se ha llegado a unas cotas de poder tan altas como las que ostentan los que nos vigilan desde arriba. Es como digo, por lo menos curioso. Es sabido por todos  y a nadie asombra, que un general se engalane de medallas y condecoraciones sin tan siquiera haber pisado el campo de batalla, es algo asumido y era una realidad conocida por todos, pero al menos en la disciplina castrense existe (o existía) un sistema de castigo eficaz para los que siendo responsables cometen errores y/o negligencias en el cumplimiento de sus funciones. El ámbito civil, político y de la administración es harina de otro costal. Vemos a diario como los colectivos poderosos protegen a sus manzanas podridas en un acto de identificación con el que hace abuso de ese poder en forma de corrupto, manipulador,  irresponsable, estafador, negligente, etc.
 Los integrantes de estos colectivos implementan en su organización la máxima castellana de “cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar” y protegen a sus miembros del ataque externo, al sentir que ese ataque puede ser un día contra ellos mismos. Con este acto, se hace patente la fragilidad de sus principios, su falta de convicción y confianza en su moral.  La integridad de cada uno de ellos se debilita ante la posibilidad futura de cometer esos mismos desmanes. Con ello se identifican y admiten su presumible potencialidad como corruptos, irresponsables, estafadores, negligentes y manipuladores, siempre que  acepten y no denuncien los actos cometidos por eso miembros transgresores. De la misma manera relegan  de manera deliberada principios y deberes que debe tener todo aquel que ostenta una posición de poder máxime siendo  un servidor  público.

 Laurence J. Peter  afirma que las personas que realizan bien su trabajo son promocionadas a puestos de mayor responsabilidad, hasta que alcanzan su nivel de incompetencia. Reconociendo este principio aceptamos la triste realidad de que nos gobiernan, informan, nos solucionan los problemas, nos juzgan, nos defienden, nos instruyen o nos curan, los peores; o al menos que su expediente académico, vocación, discurso o examen de oposición, ni representa, ni refleja lo que de ellos se demanda.
 Pero lo más triste de esta historia es que nosotros (las bases de esas pirámides) somos condescendientes con ellos.  Exigimos justicia con el que ha cometido la infracción, pero toleramos al resto de potenciales infractores que protegen al infractor. Con ello repetimos el mismo patrón. Quizá nuestro subconsciente, nuestra educación, nuestros valores religiosos o morales, sean una ventaja evolutiva, pero lo cierto es que  nos aplicamos el mismo refrán y nos identificamos con los encubridores, teniendo que aceptar también que debemos ser clementes con ellos, ya que no manejamos toda la información del caso concreto y que en cualquier caso el compañerismo es un acto loable. 

Y es que, el acto de encubrir tiene dos connotaciones diametralmente opuestas que son inherentes a nuestra propia naturaleza. Una de estas connotaciones es la positiva y hace referencia a conceptos como lealtad, nobleza, fidelidad o compañerismo. Defender los intereses del grupo al que pertenecemos, al pueblo, a la identidad, a la familia, al amigo, etc, aún a sabiendas que ha realizado una ilegalidad, nos protege ante la inclemencia del grupo si adviene una hipotética situación complicada en la que seamos nosotros o alguien de nuestro entorno los acusados, una nueva versión de aquella ley mafiosa de: "protege a la familia y la familia te protegerá". Este acto de protección cuando hace referencia a los delitos cometidos por los encargados de mantener nuestra comunidad, consigue que  nos alienemos y nos reconozcamos como potenciales corruptos, irresponsables, estafadores, negligentes etc. Reconocemos que la quiebra de las normas por las que nos regimos precisa de un castigo, pero aceptamos que el resto de miembros defiendan al infractor y no sólo eso, si no que consentimos que la defensa de ese infractor sea realizada por las personas del colectivo al que éste pertenece, asentimos en que sea el cómplice del delito el que juzgue a su compañero delincuente.
Esta afirmación puede parecer excesiva, pero no lo es si tenemos en cuenta  la diferencia de poder que manejan los distintos colectivos. Nada puede hacer un padre para evitar que un hijo vaya a prisión aún a sabiendas que su hijo no es un ladrón.Quizá  para ese padre, su hijo “simplemente es un chico difícil y se ha metido en problemas”, pero lo cierto es que tanto el padre como el hijo están en un nivel inferior, pertenecen a otra clase. Si ese padre fuese juez (en sentido amplio) otra sentencia dictaría.
Eso mismo ocurre cuando otros colectivos se encuentran arropados e incluso blindados por la normativa o su estructura interna y disfrutan de la prerrogativa del juicio interno.

 Estas organizaciones consiguen modificar la percepción que se tiene desde la opinión pública e incluso presionan a la justicia con todos los medios a su alcance, tanto a nivel político como a nivel mediático. Con ello consiguen que la connotación negativa del acto de encubrir las ilegalidades que responde a conceptos como complicidad, privilegio, ventaja, inmunidad o exención, se atribuya única y exclusivamente a los miembros de un grupo de personas  elegidas; ya sea por el pueblo, por méritos propios o bien por selección de los miembros del grupo y que ese acto supone una ventaja de la cual se benefician la mayoría de ciudadanos. Esa bula de defender e incluso manipular la verdad que se atribuyen y que atribuimos a los encubridores y cómplices, está recogida como un derecho en los textos legales pero se circunscribe al ámbito familiar y al personal con lo que su connotación es distinta a la que nos han inculcado los poderosos para protegerse de nuestra denuncia.

La Constitución en su art. 24 recoge varios conceptos jurídicos difíciles de aplicar ya que su subjetividad invita a posicionarse en una u otra postura. En este artículo se encuentra una de las mayores dificultades legales de la parte dogmática. De esos conceptos destaca la tutela judicial efectiva, un concepto que escapa muchas veces a las interpretaciones del legislador y de los jueces que han de aplicarla. La titularidad de este derecho es de todas las personas. La tutela judicial efectiva protege, a los individuos, (personas físicas) frente a los poderes públicos. Pero el Tribunal Constitucional ha reconocido también la titularidad de este derecho a las personas jurídico-públicas, siempre que la persona pública no goce de privilegios procesales. Este art. incluye además una exclusión específica al deber constitucional de colaborar con la justicia que contempla el artículo 118 CE.  No en vano es el derecho que más demandas de recurso de amparo constitucional genera. El deber de colaborar con la justicia o el de denunciar, denostar o condenar al ostracismo a la manzana podrida, conseguiría que los ciudadanos tuviésemos fe en nuestros dirigentes, dignificaría el poder; aunque los poderosos prefieren dignificarse ellos mismos.
Este controvertido precepto tiene su reflejo en el art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que lo delimita a un contexto definido. No incluye la valoración moral que le atribuimos al compañerismo o a las prerrogativas e inmunidades de los servidores públicos.
 Establece lo siguiente:

«Están dispensados de la obligación de declarar:

1. Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil, así como los parientes a que se refiere el número 3 del artículo 261.

El Juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido en el párrafo anterior que no tiene obligación de declarar en contra del procesado; pero que puede hacer las manifestaciones que considere oportunas, y el Secretario judicial consignará la contestación que diere a esta advertencia.

2. El Abogado del procesado respecto a los hechos que éste le hubiese confiado en su calidad de defensor. Si alguno de los testigos se encontrase en las relaciones indicadas en los párrafos precedentes con uno o varios de los procesados, estará obligado a declarar respecto a los demás, a no ser que su declaración pudiera comprometer a su pariente o defendido.»

Por su parte, el artículo 418 del mismo cuerpo legal determina que “ningún testigo podrá ser obligado a declarar acerca de una pregunta cuya contestación pueda perjudicar material o moralmente y de una manera directa e importante, ya a la persona, ya a la fortuna de alguno de los parientes a que se refiere el artículo 416.”

Se exceptúa el caso en que el delito revista suma gravedad por atentar a la seguridad del Estado, a la tranquilidad pública o a la sagrada persona del Rey o de su sucesor.
 Estos conceptos: seguridad del Estado, tranquilidad pública, “sagrada” persona del Rey, son ciertamente indeterminados y pueden aplicarse de manera arbitraria, dependiendo muchas veces de los intereses implicados o de la presión ejercida por esos grupos de poder.

Aunque el derecho excluye de esa responsabilidad, la justicia de la masa social en general, debe castigar al infractor para evitar precisamente ser igual que los mismos infractores.

No debemos admitir que esta dispensa en el cumplimiento de la norma pueda ser aplicada de manera homogénea ni debe entenderse en otros términos que no sean los propios reconocidos por la ley. Extrapolar esa inmunidad e incluso normalizar el comportamiento cómplice de los que defienden a los infractores, ya sea en el ámbito político, policial, judicial, sanitario, periodístico, educativo o administrativo es un verdadero sin sentido que convierte las herramientas del bienestar colectivo que constituyen esas organizaciones, en verdaderas mafias y sectas de poder. La disciplina de voto, el compañerismo, el corporativismo, la lealtad institucional, etc, fuera del marco legal de protección del derecho, encubre delitos que pagamos todos. Estamos lejos del ideal clásico que debía ostentar el representante, noble o el hombre libre en lo relativo a principios morales y éticos, pero debemos abandonar la resignación y denunciar públicamente si así lo consideramos, los casos sangrantes que están salpicando la actualidad.

 La desmedida violencia contra los manifestantes, la autocensura de los medios de comunicación, la resignación ante la corrupción política, la tolerancia con el delito financiero de la banca, el enchufismo, los errores judiciales y médicos, los despropósitos en educación, mas todas las injusticias y abusos que sufrimos por parte de los poderosos  y que nuestros predecesores sufrirán, nos convierten en cómplices. Si egoístamente sólo somos capaces de admitir nuestra debilidad humana, debemos también como mínimo exigir más justicia en el reparto. Como mínimo, debemos exigir mas dinero; y ya que vamos a ser los últimos responsables,   pues cobremos en proporción a nuestra responsabilidad.
 O tal vez, si en este mundo de locos donde vivimos,  si se puede culpar de hundir un transatlántico  a un timonel indonesio; culpar del ocultismo mediático a la afición al fútbol,  culpar de un error médico al paciente por enfermar; de un error judicial al administrativo del juzgado; de la violencia policial  a una anciana; del fraude, el robo, el cohecho y la corrupción al dinero por su cualidad; si culpan a la historia por no ayudar a educar a los jóvenes como mejor interese al poder político, o si podemos culpar  de una tragedia ecológica como la del Prestige, al barco, la mala suerte o al mar; pues vamos a juzgarles. Propongo sentar en el banquillo al mar, a la anciana, al fútbol,  al timonel indonesio, a un adolescente, a la mala suerte, al administrativo, al dinero, a la historia, un barco, al perro de San Roque y a quien haga falta…pero eso si, yo ni entiendo, ni me gusta la política ni nada de eso, yo lo único que quiero es vivir bien y que me dejen tranquilo. Y es que hemos asimilado que a día de hoy, por nuestros pecados, tenemos el castigo que merecemos y que por tanto quien padece una injusticia, necesidad, abandono, soledad o el desamparo ya sea aquí o en otra parte del mundo se lo merece, igual que nosotros merecemos a los incompetentes que manejan  nuestras barcas y a la deriva nos llevan.